Durante una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Policía de Investigaciones entre enero de 2022 y julio de 2023, se descubrió una falta en los controles migratorios, evidenciada en múltiples casos de expulsiones administrativas que no se concretaron.
Un informe emitido por la Contraloría resalta la situación de cinco extranjeros de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, quienes lograron ingresar a Chile a pesar de haber sido expulsados previamente.
Además, se detectaron treinta casos de migrantes, principalmente venezolanos, cuya salida del país no pudo ser verificada, lo que podría indicar su permanencia en territorio chileno.
La Contraloría también identificó doce casos de extranjeros que salieron de centros penitenciarios sin la tramitación adecuada de su expulsión por parte de la PDI.
Ante estas irregularidades, se han iniciado procedimientos disciplinarios internos en la PDI y se ha remitido el informe a tribunales, a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado, según lo ordenado por la Contraloría General de la República.