The Times en EspañolMarta Valdés, portavoz de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, denunció la postergación de la audiencia de imputación al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su implicación en las violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social de 2019.
La agrupación llevó a cabo una protesta frente al Palacio de la Moneda en protesta por este motivo. Durante el evento, Valdés expresó en una entrevista radial que “en esta nación persiste la cultura de la impunidad. Estamos hartos de la impunidad”. “Exigimos que se cumpla con lo establecido, que era la imputación para el próximo 07 de mayo del jefe de Carabineros”.
“Lamentamos lo ocurrido con los tres Carabineros, sin embargo, consideramos que esto no debería obstruir a la justicia en tomar las medidas necesarias para aquellos que sufrieron violencia durante el estallido social (…) Creemos que es justo que se esclarezcan las violaciones a los derechos humanos durante dicho período y se identifiquen a los responsables”, subrayó la líder.
Valdés también abordó la postura del Gobierno de mantener a Ricardo Yáñez en su cargo y no aplicar el llamado “criterio Tohá”, a pesar del asesinato de tres uniformados el 27 de abril en Cañete.
“No ha habido la adecuada disposición por parte del Gobierno para garantizarnos que habrá verdad y justicia. Lamentamos esto, ya que era algo comprometido, es decir, que se harían todos los esfuerzos por alcanzar justicia, reparación y prevenir la repetición de estos hechos”, declaró.
En esa misma línea, agregó: “La verdad es que tenemos una nación con memoria frágil y simplemente se ha intentado eludir lo sucedido, es decir, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social”.
Para la dirigente, “la justicia no puede funcionar de manera parcial, no puede ser justa para unos y, para otros, simplemente impunidad. Los tribunales deben operar de manera equitativa para todos, y considero que aquí es donde fallamos, es aquí donde se discrimina nuevamente a las víctimas del estallido social y se nos vuelve a victimizar con estas actitudes de la justicia, pero también del Gobierno”, lamentó la portavoz de la coordinadora.
Es importante recordar que, según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aproximadamente se registraron alrededor de 460 casos de víctimas de trauma ocular en nuestro país durante el estallido social.
Asimismo, entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el INDH presentó ante los tribunales 3,216 demandas en favor de 3,777 víctimas. En relación a los delitos cometidos, 2,252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a otros tipos de violaciones.
