The Times en EspañolLa magistrada a cargo de la Corte Marcial y de la visita extraordinaria en la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes, comunicó que emitió una resolución de inhibición de competencias el pasado sábado.
Esta resolución fue enviada al Juzgado de Garantía de Arica, con el propósito de que dicho juzgado se abstenga de continuar con el caso relacionado con la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, sucedida el 27 de abril durante una marcha de instrucción en el área de Pacollo, a ocho kilómetros de Putre.
La resolución argumenta que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5, 6 y otros pertinentes del Código de Justicia Militar, el artículo 47 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 190 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, se solicita al juez del Juzgado de Garantía de Arica que se abstenga de seguir con el caso y que remita la documentación a la magistrada para incorporarla al proceso actual.
Además, el documento añade que si el Juzgado de Garantía considerara que la magistrada en visita extraordinaria no es competente para conocer de los hechos, se considerará un conflicto y los antecedentes deberán ser remitidos a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70-A Nº5 del Código de Justicia Militar y el artículo 3º de la Ley Nº 20.477.
Debido a la urgencia del caso, el Juzgado de Garantía de Arica ha reprogramado la audiencia prevista originalmente para el próximo jueves 30 de mayo, convocando a los involucrados a las 08:30 horas del martes 14 de mayo para debatir sobre la cuestión de competencia inhibitoria.
Con esta medida, se busca resolver la disputa sobre qué jurisdicción judicial se encargará del caso, ya que la Fiscalía de Arica inició una investigación propia después de una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presuntas violaciones de derechos humanos y supuestos malos tratos hacia los conscriptos.
