The Times en EspañolUn caso notable es el de Rodrigo Illanes Naranjo, ingeniero acuícola y delegado presidencial en la región de Atacama. Con un sueldo base que ronda los $7 millones mensuales, que puede superar los $10 millones con bonos especiales, Illanes se beneficia de un arriendo de vivienda significativamente reducido en comparación con el mercado. Este fenómeno no solo plantea interrogantes sobre desigualdad en el acceso a bienes públicos, sino que también refleja un sistema donde los altos funcionarios, que deberían ser ejemplos de responsabilidad, se colocan en situaciones de privilegio.
El acceso a estas viviendas ha sido documentado a través de una solicitud de información a 90 organismos públicos, revelando que el uso de casas fiscales está restringido a un pequeño grupo selecto. Casi todos los arriendos representan un 10% de su sueldo base, un cálculo que no refleja el verdadero ingreso mensual de los beneficiarios. Esta situación ha levantado críticas sobre la fórmula de asignación de estos bienes y su impacto en la transparencia del gasto público, en un contexto donde la desigualdad económica sigue siendo un tema candente en Chile.
Un punto de debate crucial es la duración de las ocupaciones de estas casas. Muchas instituciones no han establecido límites claros sobre el tiempo que un funcionario puede habitar una propiedad fiscal. Por ejemplo, Eduardo Ferrada y Mauricio Rojas, ambos del Gobierno Regional de O’Higgins, ocupan estos inmuebles desde 1995 y 2005, respectivamente, pagando un costo irrisorio en comparación con sus sueldos que superan los $4 millones. La administración actual ha iniciado un proceso de recuperación, aunque la falta de supervisión genera preocupación.
En ciudades como Concepción, los arriendos de casas fiscales están localizados en áreas privilegiadas. Jorge Díaz Obando, abogado del Gobierno Regional del Biobío, paga solo $82 mil mensuales por un departamento que ocupa desde hace diez años. Este fenómeno se extiende más allá de la Delegación Presidencial, abarcando diversas instituciones, incluyendo el Poder Judicial.
Dentro del Poder Judicial, hay un total de 98 jueces que también disfrutan de este acceso a casas fiscales. Aunque sus sueldos superan los $7 millones, los magistrados enfrentan una suerte adicional, ya que su arriendo se calcula como un 15% de su sueldo base, resultando en pagos entre $120 mil y $150 mil mensuales. La falta de límites de ocupación es alarmante, con 24 casos excediendo los diez años. Algunos jueces, como Pablo Zavala y Marilyn Fredes, continúan disfrutando de arriendos considerablemente por debajo del costo de mercado.
La estructura salarial de los jueces es especialmente alta, lo que contribuye a una percepción de privilegio entre la población. A esto se suma el hecho de que algunos jueces también residan en zonas de alta plusvalía, como Vitacura en Santiago, lo que agrava aún más la percepción de desigualdad. Esta tendencia se observa también entre contralores regionales, que viven en casas fiscales a precios increíblemente bajos en relación con sus altísimos sueldos.
La Delegación Presidencial de Atacama justificó el beneficio de Illanes, argumentando que permite a los funcionarios estar más disponibles para responder a sus labores. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo, generando debates sobre la ética en el uso de bienes públicos.
Por último, la falta de transparencia en la entrega de información por parte de varios organismos, como el Servicio de Impuestos Internos y el Poder Judicial, ha alimentado la desconfianza en la gestión de recursos públicos y la rendición de cuentas. Es evidente que el uso de casas fiscales por funcionarios de alto rango requiere una revisión crítica y reformas profundas para garantizar un sistema más justo y equitativo para todos los chilenos. publicado por “El Mostrador”
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