The Times en EspañolLa orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, para completar “de la manera más expeditiva posible” el proceso administrativo iniciado durante la administración Biden, que en 2024 había propuesto la reclasificación, pero se estancó por trámites legales. La Categoría I incluye sustancias como la heroína y el LSD, consideradas sin valor médico, mientras que la Categoría III, que incluye medicamentos como el Tylenol con codeína y los esteroides anabólicos, reconoce un “potencial moderado a bajo” de dependencia, permitiendo así estudios clínicos más amplios.
Expertos y funcionarios resaltaron que esta acción no legaliza la marihuana a nivel federal ni afecta las penas penales por posesión o uso recreativo. Sin embargo, se anticipa que beneficiará a la industria cannábica al eliminar restricciones fiscales, facilitar el acceso bancario y promover investigaciones sobre aplicaciones médicas, tales como el alivio del dolor crónico y la ansiedad en pacientes oncológicos.
La medida ha suscitado reacciones mixtas. Organizaciones como NORML y empresas del sector celebraron el anuncio como un “cambio histórico” que potenciará la investigación y el acceso para millones de pacientes, incluidos veteranos y adultos mayores. En contraste, un grupo de senadores republicanos expresó su oposición en una carta, argumentando que podría transmitir un “mensaje equivocado” a los jóvenes y agravar problemas de adicción.
A pesar de que la reclasificación aún requiere la publicación de una regla final por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la orden presidencial acelera considerablemente el proceso. Analistas anticipan efectos positivos en el mercado bursátil cannábico y un posible piloto para cubrir productos de CBD bajo Medicare.
Este paso representa el mayor cambio en la política federal sobre la marihuana desde su prohibición hace más de medio siglo, alineándose con la legalización en numerosos estados y el creciente consenso científico sobre sus beneficios terapéuticos.
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