The Times en EspañolSantiago, 8 de enero de 2026. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha generado controversia al criticar públicamente la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), también conocida como “Ley Uber”. Esta crítica surgió tras su reunión con ejecutivos de la plataforma estadounidense, donde calificó la normativa de “sobrerregulada”. Judd argumentó que esto impone cargas excesivas a las empresas digitales, limita la innovación y podría afectar la privacidad de los usuarios.
Este encuentro se produce en el contexto de crecientes tensiones entre el gigante tecnológico y el Gobierno chileno. La ley 21.553, promulgada en 2023 y con reglamento aprobado por la Contraloría en abril de 2025, obliga a plataformas como Uber, DiDi y Cabify a inscribirse en un registro nacional, compartir datos agregados con el Ministerio de Transportes, exigir licencias profesionales clase A a los conductores y cumplir con estrictos estándares de vehículos y seguros.
El diplomático estadounidense expresó su preocupación por los requisitos de compartición de información, que Uber ha denunciado previamente como un riesgo para la privacidad. En 2025, la compañía envió una carta al embajador chileno en Washington alertando sobre “peligros” en la implementación de la ley, enfocándose en el manejo de datos detallados de viajes que contradirían el anonimato exigido por la normativa.
Fuentes diplomáticas aseguran que Judd defendió el modelo de economía de plataformas, advirtiendo que regulaciones demasiado rígidas desincentivan la inversión extranjera y el empleo flexible. “Estados Unidos apoya la innovación que beneficia a millones y creemos que Chile puede equilibrar la seguridad sin ahogar el progreso tecnológico”, habría señalado el embajador.
El Gobierno chileno defendió la norma como esencial para equiparar condiciones con los taxis tradicionales, mejorar la seguridad y la fiscalización. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reiteró que la ley protege tanto a usuarios como a conductores, implementando multas por infracciones y una transición gradual hacia las licencias.
Las organizaciones de conductores están divididas: algunos celebran la mayor formalidad laboral, mientras que otros temen una reducción de la flota debido a los requisitos vehiculares. Aunque Uber no comentó oficialmente sobre la reunión, la empresa sigue haciendo lobby por ajustes al reglamento.
Este episodio reaviva el debate sobre la soberanía regulatoria frente a los intereses de multinacionales en un contexto de relaciones bilaterales estables, pero sensibles a temas comerciales. Analistas prevén una posible escalada en la tensión si no se busca un diálogo, lo que podría afectar la imagen de Chile como destino de inversión tecnológica.
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