El fallo destacó varios factores: la distancia del disparo, la dispersión natural de los perdigones y la ausencia de infracciones claras a los protocolos policiales en vigor en esa fecha. Además, se realizó una fuerte crítica al Ministerio Público por sus tardías modificaciones en la estrategia acusatoria y sus errores técnicos al presentar reglamentos y evidencia. La Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel por apremios ilegítimos que resultaron en lesiones gravísimas, argumentando que Crespo intencionalmente apuntó al tercio superior del cuerpo, una zona fuera de alcance de objetos contundentes lanzados por los manifestantes.
La querella particular, representada por el abogado Carlos Gajardo y apoyada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, apoyó esta tesis mediante peritajes audiovisuales y científicos que ubicaban a Crespo en una posición con un ángulo claro hacia Gatica. En contraposición, la defensa, liderada por el exfiscal Pedro Orthusteguy, enfatizó la falta de registros audiovisuales que vincularan inequívocamente a Crespo con el disparo, argumentando que actuó en legítima defensa ante ataques violentos con objetos contundentes.
Fuera del Centro de Justicia, se produjeron manifestaciones: los adherentes a Gatica exigieron justicia y anunciaron su intención de apelar inmediatamente el fallo, mientras que los partidarios de Crespo celebraron la absolución. El ambiente en el lugar fue tenso, con un fuerte despliegue de Control de Orden Público.
Este veredicto representa un significativo hito en los casos emblemáticos del estallido social, desafiando los estándares de uso de la fuerza y la responsabilidad penal en el contexto de protestas masivas. Gatica, quien ha calificado el proceso como crucial para la democracia, ha manifestado su intención de recurrir a todas las instancias para revertir la absolución.
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