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En un movimiento significativo, la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) planea implementar cambios legislativos que facilitarán el despido y la disciplina de aproximadamente 50,000 empleados federales de alto rango. Esta medida, reportada por el Wall Street Journal, se enmarca en la agenda de reformar la administración pública, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. Según fuentes cercanas al tema, el proyecto busca dinamizar la gestión de políticas administrativas, haciéndola más alineada con las directrices presidenciales.
El nuevo enfoque afectará principalmente a altos funcionarios de carrera que juegan un papel esencial en la implementación de diversas políticas gubernamentales. Una de las modificaciones más destacadas de esta legislación es la eliminación de derechos actuales que permiten a los empleados impugnar medidas disciplinarias ante una junta independiente. Scott Kupor, director de la OPM, declaró en una entrevista que la administración no tolerará lo que él describe como “sabotaje” a sus esfuerzos para lograr objetivos políticos. “Cuando la objeción de conciencia se convierte en sabotaje o en intentar frustrar los objetivos de la administración, eso no está permitido”, enfatizó Kupor, reflejando una postura que busca endurecer las normas de conducta.
Quizás lo más controvertido de esta normativa es que, pese a las promesas de no aplicar la medida en función de la afiliación partidista, se teme que pueda fomentar un ambiente de trabajo más hostil y menos transparente. Además, la OPM ha asegurado que las protecciones para denunciantes seguirán vigentes, aunque habrá que ver cómo se implementan y respetan bajo este nuevo esquema.
Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio por reformar agencias federales y reducir la planta laboral del gobierno, en respuesta a las afirmaciones recurrentes de Trump sobre un “estado profundo” que supuestamente obstaculiza su administración. La reforma busca no solo eliminar redundancias, sino también alinear la función pública con la política presente, lo que ha suscitado tanto apoyo como resistencia en diferentes sectores de la sociedad estadounidense.
En este contexto, la OPM también enfrenta el desafío de equilibrar la eficiencia administrativa con la protección de los derechos de los empleados. Mientras algunos argumentan que estas medidas son necesarias para dinamizar la administración pública, otros critican que puedan minar la integridad del servicio civil, el cual ha sido históricamente visto como un baluarte contra la politización del gobierno federal.
Este debate sobre la reforma de la OPM no solo afecta a los 50,000 empleados, sino que tiene implicaciones más amplias para la administración pública en general y el futuro de la gestión gubernamental en Estados Unidos.
