The Times en EspañolLos congresistas Schubert, Medina, Del Real y Morales subrayaron que hubo un modelo de fraude al fisco que se repitió en diferentes regiones. Por lo tanto, solicitaron que se persigan las máximas responsabilidades y que se devuelvan los recursos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció hoy una querella en contra del representante de la fundación Procultura. Se le acusa de la aprobación indebida de $511.058.002 de fondos destinados a un propósito público específico. Según se detalla en el documento, esto ocurrió a través de cinco convenios con transferencia directa de fondos desde la Seremi de Vivienda a la mencionada institución. Los convenios estaban enmarcados en el Programa de Asentamientos Precarios y el Programa de Recuperación de Barrios en la región de Antofagasta.
Esta acción del CDE generó reacciones políticas inmediatas, y varios congresistas enfatizaron la necesidad de imponer sanciones por el mal uso de recursos públicos. En este contexto, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, expresó que “es crucial que estas investigaciones sobre todas las fundaciones lleguen a su fin y que finalmente encontremos a los responsables. No se trata sólo de las fundaciones, sino también de entidades públicas y funcionarios electos que se han prestado para este modelo de fraude al fisco”.
Medina agregó que “desafortunadamente, este modelo ha sido utilizado y permitido por muchas autoridades que actualmente ocupan cargos. Sabiendo que esto no aporta utilidad frente a emergencias o necesidades urgentes, se han otorgado contratos para limpieza de aceras y se han entregado grandes cantidades de dinero a fundaciones inexpertas sin preocuparse siquiera de cómo se han utilizado o rendido los fondos”.
Siguiendo la misma línea, la congresista de Renovación Nacional (RN), Carla Morales, afirmó que “es fundamental llevar a cabo una investigación exhaustiva y aplicar las sanciones correspondientes, ya que estas ayudas no se concretan, las mejoras no se realizan y las familias se quedan sin programas que podrían mejorar su calidad de vida”.
“Es necesario que las autoridades competentes actúen con rapidez y transparencia para aclarar estos hechos y garantizar justicia, así como implementar medidas que refuercen los controles y la fiscalización en la administración de fondos públicos. Esto es para prevenir futuros casos de corrupción y asegurar una gestión transparente y eficiente de los recursos estatales”, destacó Morales.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert de la Bancada Republicana enfatizó que “esperamos que esta querella tenga un efecto drástico y ejemplarizante, sancionando a todos los responsables que han montado una fundación, recibido generosos recursos públicos y no rendido cuentas adecuadas. Esto es grave, atenta contra la confianza pública y esperamos que la sanción sea drástica y logre la restitución de los recursos, ya que fueron solicitados y no fueron devueltos a tiempo”.
Mientras tanto, la congresista Catalina Del Real también expresó su preocupación, diciendo que “es sumamente alarmante que se hayan transferido los recursos fiscales a la fundación ProCultura sin una supervisión y control adecuados. Esto ha permitido presuntas prácticas de apropiación indebida y mal uso de los fondos públicos”.
